La organización de y para los veteranos chilenos y sus deudos

 [Fotografia de veteranos chilenos]

"Cuando el Ejército se licenció les dio a todos los individuos de los cuerpos disueltos tres meses de sueldo y el uso del uniforme. Aquello del uniforme fue en realidad una burla. Una chaqueta y un pantalón trajinados por la campaña".

Ramón Carballo, articulista del diario El Mercurio, que con ocasión de la presentación de las demandas de una posible ley de 1910 escribió estas líneas bajo el título "Los inválidos del 79". Ver: El Mercurio (Santiago), 17 de julio de 1910.

Las demandas sociales de los veteranos se iniciaron prácticamente cuando aún se combatía en el norte. El motivo inicial del regreso prematuro se debió básicamente a problemas de índole médica. Al respecto, entre 1879 y 1884 se produjeron 1.308 bajas por causas sanitarias, siendo las más recurrentes la tuberculosis, con 107 casos, y otras en menor escala como reumatismo, paludismo, afecciones pulmonares, demencias, etc.; en todo caso estas bajas masivamente se produjeron en las postrimerías del conflicto, o sea, durante la campaña de la sierra, lo cual nos permite plantear que las condiciones climáticas muy adversas para los chilenos no les favorecieron en ningún caso.

El término del servicio en el Ejército lo podemos observar desde dos perspectivas. La primera se relaciona con aquéllos que luego de la desmovilización decidieron continuar al servicio del Ejército y la Marina; con relación a estos retiros, no haré referencias. Sin embargo, la idea es conocer el segundo segmento, el más numeroso y desconocido,el que corresponde a todos los desmovilizados que se reintegraron a la contingencia nacional, como un civil más.

En relación a los oficiales, el retiro era de carácter temporal o absoluto. El primero se trataba de los oficiales que no tenían ubicación por disolución de su batallón o unidad cívica, dado que por razones estratégicas el Gobierno consideraba inconveniente mantenerlos en servicio activo aun cuando de igual forma se les otorgaba un sueldo al momento del retiro, siempre y cuando justificara a lo menos seis años de servicio en la institución; en cambio, para acceder al retiro absoluto, el interesado debía acreditar una serie de requisitos de orden legal, entre los que se cuentan:

- "Por enfermedades incurables, pero no contraídas por efecto del propio servicio, a éstos se les decretaba un sueldo siempre que hubieran servido a lo menos diez años, continuados o interrumpidos".

- "Por cualquier enfermedad del servicio, se les cancelaba un sueldo no importando el tiempo de permanencia a la fecha del accidente,pero la enfermedad debía ser de carácter invalidante".

- "Los que resultaran con algún grado de inutilidad durante la guerra; se les otorgaba el retiro absoluto con el derecho a percibir sueldo, y se le abonaba un año por cada dos años de servicios efectivos".

- "Finalmente, producto de un accidente en la guerra, se licenciaba con el retiro absoluto y se le cancelaba un sueldo que representaba 2/3 del total y que percibiría al momento de su baja".

El sueldo para los retirados se estructuraba sobre la cantidad de años servidos a la institución, al arma que pertenecía, haya sido Infantería, Caballería o Artillería; acto seguido, el total se dividía en cuarenta partes iguales, de modo que con 20 años servidos accedía al 50% del sueldo de un militar activo. Sin embargo, en el caso de los oficiales retirados temporalmente, podían ser llamados al cuartel cuantas veces fuere necesario; de producirse esto se les sumaban los tiempos de permanencia,y si se producía el retiro absoluto antes de los seis años de servicio exigidos para una pensión, el Ejército les aseguraba la preferencia para obtener algún empleo en el ámbito civil, dependiendo de la preparación o aptitud para un determinado trabajo.

En el caso de los suboficiales y soldados, ponían término a su permanencia en el Ejército al momento de finalizar el período de enganche o empeño. Excepcionalmente, por servicios destacados en algunas campañas, se les recontrataba con nuevos empeños o enganches y así podían ascender a la categoría de oficial -lo cual era, por lo demás, muy excepcional- y de esta manera, por añadidura, acceder con ello a una mejor pensión.

En el caso de los inválidos, podían acogerse a beneficios por baja médica, cuyos montos eran tan escasos, que no les alcanzaba para satisfacer sus necesidades mínimas de vida, como se indica a partir del siguiente cuadro:

Si comparáramos el sueldo de un ex soldado, inválido por la guerra, en relación a los ingresos que percibían los trabajadores de un mismo nivel socioeconómico, el del soldado resultaría significativamente menor, ya que sólo ganaba 6,00 pesos mensuales, además de algunos beneficios extras como vestuario, alimentación y atención sanitaria; en cambio, un obrero salitrero que cumplía la función de machacador ganaba 3,30 pesos diarios, lo que significaba un total de 82,50 pesos en 25 días de trabajo, mientras que un pescador en esta misma época obtenía por día un sustento de 4,00 pesos.

Como ya se señaló, el Ejército estableció que a aquellos oficiales que contaran con menos de seis años de servicio y en retiro temporal se les otorgaba la posibilidad de acceder a ocupar empleos civiles. Obviamente esto beneficiaba a quienes regresaron de la guerra en buen estado de salud, de modo que la reincorporación a la vida civil pudo ser más fácil, aun cuando no contaran con una pensión por retiro. Sin embargo, el drama individual y/o colectivo se generó con aquéllos que, debido a su incapacidad, no estaban en condiciones de ejercer algún trabajo u oficio. Similar suerte corrieron los retirados de avanzada edad, o sea, de 40 o más años y que cumplían destinaciones en las unidades que por orden del Gobierno entraron en receso.

Por lo tanto, la compleja situación socioeconómica que sufrieron algunos luego de la guerra les incentivó a crear círculos y sociedades de veteranos, en especial, para apoyarse mutuamente y de esa manera reinsertarse en el campo laboral en el Chile de la postguerra.

Estas organizaciones se hallaban representadas en casi todo el país ysu objetivo esencial era convocar y reunir a los ex combatientes para concentrar esfuerzos y hacer la acción reivindicatoría más efectiva. Sus estatutos consideraban como finalidad esencial y prioritaria la preocupación moral y material de sus socios. Para ello crearon cajas de ahorros para acceder a préstamos y ayudas de tipo monetario, inicialmente para sus asociados y más tarde para su grupo familiar, en caso de enfermedades o fallecimiento.

Dentro de las organizaciones que trataron de dar respuesta a los problemas que enfrentaban los veteranos se encuentran aquellas que fueron creadas por el Estado, por los sectores católicos y por los propios interesados. En este caso analizaremos las fundadas por el Estado y por los veteranos; en relación a las creadas por la Iglesia Católica las analizaremos en el capítulo referente a la Iglesia.

ORGANIZACIONES FISCALES

Para enfrentar la problemática de los veteranos, el Estado creó una serie de organizaciones que apuntaron principalmente a apoyar a las viudas y a los hijos huérfanos, por ejemplo, con la creación de escuelas agrícolas y mineras. Además, se preocupó por la situación de los que regresaron inválidos. Todo lo anterior como resultado de la aplicación de la Ley de Recompensas de 1881.

Escuela agrícola de Agua Negra

Por el decreto del 25 de septiembre de 1882, el Gobierno solicitó los servicios profesionales del ingeniero Luis León Ortiz, director de Obras Públicas de Concepción para que estudiase un presupuesto destinado a la construcción de edificios en el sector de Chacra Agua Negra, para crear una Escuela Agrícola destinada a los huérfanos de la guerra.

Escuela agrícola para hijos huérfanos de la guerra

El 22 de diciembre de 1881 el Ejecutivo concede a la Sociedad Nacional de Agricultura la autorización para organizar en la Quinta Normal una escuela agrícola, la que iba a ser financiada con fondos estatales y gracias a ello se adquirió la chacra de "La Merced".

Este terreno se incluyó dentro del presupuesto en la Ley de Recompensas del año 1881, el que, además, consideró "la fundación de nueve establecimientos en las cabeceras de cada provincia, a lo largo del territorio y propagar los conocimientos necesarios para el desarrollo de las faenas agropecuarias e industriales anexas". La iniciativa, además, consideró "la construcción de dos escuelas para la minería y cuatro para la educación práctica de mujeres huérfanas".

Las proposiciones formuladas por el presidente de la SNA de ese entonces, y publicadas en su boletín, expresaban que al final del conflicto sostenido por la colonia argelina en Saint Demis du Sig, Francia, tuvo una gran consideración con sus veteranos de guerra, de modo que, dada la positiva experiencia de estos hechos, se podrían aplicar estas mismas consideraciones en Chile; al respecto se señaló: "A los que por una puerta entran los huérfanos desvalidos de la guerra buscando refugio, instrucción y moralidad, al mismo tiempo que rompen la vagancia, ignorancia i el vicio, mientras que por la otra salen adolescentes regenerados por el trabajo i convertidos en hombres útiles a su familia, a la sociedad i sobre todo a la agricultura".

Oficina de reclamos militares

Esta entidad fue creada el 16 de julio de 1881 y estaba bajo la jurisdicción de la Comandancia General de Armas de Santiago, es decir, la actual Comandancia General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana. Si bien esta oficina no estaba directamente preocupada por los problemas laborales o sociales de los veteranos y de su grupo familiar, cumplía la misión de facilitar a los soldados y familias de los fallecidos la acreditación legal ante el Gobierno o entidades públicas para los derechos de tramitación de pensiones y montepíos, y cualquier otra clase de solicitud que formularan los afectados.

El primer jefe a cargo de esta oficina fue el coronel Francisco Barceló, el que dentro de múltiples funciones contaba con la autorización y la atribución de entenderse directamente con el Gobierno.

Oficina de tramitación

 Se pone en funcionamiento a raíz de un decreto supremo de 30 de marzo de 1882. Su objetivo era facilitar la obtención de beneficios solicitados por los veteranos, que se debían otorgar gracias a la Ley de Recompensas Militares de 22 de diciembre de 1881, la cual se extendía, además, a sus viudas y los huérfanos del conflicto armado.

Con este fin, se les proporcionaban a los requirientes los documentos necesarios, atendían los reclamos y cuando era indispensable se les redactaban las peticiones que los propios demandantes propiciaban a las autoridades.

Sociedad protectora de viudas y huérfanos de los mártires de la patria o también llamada Sociedad Protectora de Valparaíso

Se establece en Valparaíso el 30 de diciembre de 1879, a través de un decreto firmado por el Presidente de la República, Aníbal Pinto; su propósito principal era proteger a los ex combatientes que resultaron inválidos producto de las heridas en la guerra. Además, se preocupaba de las viudas y de los hijos huérfanos, o de cualquier persona que producto de las hostilidades se encontrara en el más profundo desamparo.

La sociedad ejecutó un sinfín de acciones sociales de apoyo social y material a los veteranos. Les encontró trabajo en el mercado laboral a todos quienes se encontraban desocupados y que estaban en condiciones físicas y psíquicas normales para desempeñarlos.

Otra característica no menos importante fue la creación de comisiones de trabajo dispuestas por la entidad, utilizando los mecanismos legales que les permitieran obtener montepíos para las viudas y cédulas de invalidez a los lisiados, e incluso la adquisición de un mausoleo institucional en el cementerio local para los socios y sus familiares directos.

Un aspecto bastante relevante se evidenció en la preocupación por la educación de los hijos huérfanos, apoyándoles en el ingreso a los diferentes establecimientos escolares, lo que incluyó la entrega de textos y cuadernos. También se llevó a cabo la construcción de un asilo especial, que contaba con talleres de manualidades, el que estuvo dirigido administrativamente por Las Hermanas de la Caridad y su funcionamiento era posible gracias a los aportes de otras instituciones afines.

La sociedad la integraban personalidades de Santiago, quienes con su contribución económica y con el trabajo diario apoyaban a los necesitados. El primer presidente de esta entidad, creada por el Estado fue el sacerdote Mariano Casanova. A partir de este modelo se fundaron otras similares en Santiago, Talca y La Serena.

Fuente: Méndez Notari, Carlos, Héroes del silencio: los veteranos de la Guerra del Pacífico (1884-1924), Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2009, P. 41.