Dijimos en nuestro último artículo que habria sido de desearse que cuando Chile i Bolivia llegaron a encontrarse en situación de guerra, se hubiera presentado como mediadora una nación amiga de ambas, que hubiese estado en capacidad de hacerles reconocer las faltas comunes i que hubiese tomado positivo interés en hacerlas llegar a un avenimiento. Este papel trató de representarlo el Perú; pero francamente, él no era el llamado a prestar tan importante servicio.
Por salir de algunos de los apuros fiscales en que ha vivido en los últimos años el gobierno peruano, apuros ocasionados por una serie de despilfarros en que la imajinacion se abisma, recurrió en cierta ocasión al desesperado arbitrio de espropiar las salitreras de la provincia de Tarapacá. Ya hemos visto que es allí donde se produce el mismo salitre en cuya producción se ocupa en Atacama la Compañía de Antofagasta, que era la interesada en que Bolivia no gravase los productos de las colonias chilenas con nuevos impuestos. Pero el gobierno del Perú no soto se apropió las salitreras principales sino que impuso a todos los salitres que se pudieran ademas producir, un gravamen de tres pesos por cada quintal que se esportase. Como los salitres que se exportan de Atacama hacen naturalmente competencia a los del Perú, éste estaba interesado en que Bolivia los gravase también; pero Bolivia no podia gravarlos por prohibírselo el tratado celebrado con Chile en 1874. A las instancias del Perú en tal sentido, oponía naturalmente Bolivia esa dificultad. Para obviarla i prevenir las consecuencias desastrosas que pudieran seguirse a Bolivia de la violación del tratado, se habia ajustado uno secreto entre ella i el Perú, por el cual las dos partes contratantes se comprometieron a ayudarse i ausiliarse en caso de guerra con cualquiera otra nación.
El espíritu i el objeto de esta alianza defensiva no puede ser mas trasparente: Chile era el único enemigo en perspectiva, i lo era porque existia el plan de hacer aquello que Perú i Bolivia sabían que él no toleraría. La alianza, pues, en realidad de verdad no era defensiva, sino ofensiva contra Chile. El Perú instigaba a Bolivia para que violase un tratado ofreciéndole su apoyo para el caso de que esa violación se aparejase una guerra con Chile, i como Bolivia sacaba también provecho de la violación del tratado, se dejó persuadir fácilmente; i previa la estipulación del tratado secreto, se arrojó a imponer su derecho mínimun de un peso sobre cada quintal de salitre.
Esta transacción no necesita comentarios. Sn inmoralidad salta a la vista, i si ella hubiera sido conocida por Chile en cualquier tiempo, lo habria autorizado plenamente para declararle la guerra a ambos paises. Pero el secreto del tratado se guardó cuidadosamente i Chile ni lo sospechaba siquiera cuando, adelantaba sus jestiones con Bolivia hasta el punto de declararle ambos la guerra, como lo hemos visto en nuestros artículos anteriores.
Al estallar la guerra manda el Perú una legación estraordinaria a Chile, confiada al señor J. A. Lavalle, con el objeto de ir a proponer su mediación entre los amigos suyos que se hallaban a sazón de enemigos. Este paso parecía una muestra de deferencia tanto mayor cuanto que ni se confiaba siquiera la misión al Ministro residente que el Perú mantiene en Santiago, sino que se quería un Ministro especial con ese esclusivo objeto.
Poco tiempo después de haber llegado a Chile el señor Lavalle, i después de algunas conferencias habidas ya entre él i el Gobierno chileno, se descubre la existencia del tratado secreto entre el Perú i Bolivia, i aunque este descubrimiento fué imperfecto al principio, el Gobierno chileno fué adquiriendo diariamente nuevos datos, hasta el punto de no abrigar duda ninguna sobre la materia. Decidióse entonces la Cancillería chilena a interpelar de una manera formal al ministro peruano para que dijiese categóricamente si era o no verdad que su gobierno estaba ligado con el de Bolivia por el pacto secreto de que se hablaba para saber según eso si era que el Perú se proponía interponer como amigo sus buenos oficios, o si era un enemigo encubierto que se proponía ganar tiempo con su amistosa intervención, mientras ponía en pié de guerra su escuadra i su ejército que por entonces no lo estaban.
A esta justa exijencia opone el ministro peruano una formal negativa acerca de la existencia del tratado secreto. El Gobierno chileno aduce contra el dicho del Ministro las razones que podia aducir, i el señor Lavalle llega hasta declarar que no solo sabe que no existe tal tratado porque el Gobierno no le ha hablado de él, sino porque le consta, como presidente que ha sido de la comisión de Relaciones Esteriores en las últimas legislaturas, que ellas no le han dado su aprobación a semejante tratado. Mas, como el Gobierno chileno insistiese en recalcar sobre la existencia del tratado, el señor Lavalle ofrece por fin remitirse a su Gobierno; i cuando ya no es posible ocultar por mas tiempo el hecho, lleva él mismo el testo del tratado i se lo lee al Gobierno chileno.
Esto es lo que aparece en el fondo ser la verdad de las cosas, esta parte de la conducta del Gobierno peruano nos parece peor todavía que haber inducido a Bolivia a violar el tratado de 1874 bajo la promesa del ausilio ofrecido en la alianza secreta. El interesado en la ejecución del hecho jenerador de la guerra, comprometido de antemano a ser enemigo de Chile, ¿podia ir a Santiago como amigo a ofrecer su mediación imparcial? En el estado en que las cosas se hallaban, la única transacción posible era que Chile retirase sus fuer zas del territorio boliviano i que Bolivia derogase el nuevo impuesto; i la única misión de la potencia mediadora era garantizar el cumplimiento de las obligaciones que Bolivia había aceptado en 1874. ¿Podia representar el papel de mediador el Perú? ¿Podia él garantizar que Bolivia cumpliría el tratado de 1874, cuando él mismo estaba interesado en que no lo cumpliera, cuando habia solicitado su no cumplimiento, i cuando en ello debia de ser tan grande su ínteres que lo hacia aceptar hasta la guerra con una nación amiga i antigua aliada? ¿I podia hacer eso, sobre todo después de haber firmado el tratado secreto de alianza con Bolivia?
Que sus intenciones no eran rectas, lo prueba el hecho de haber firmado el tratado secreto primero, i luego ir a negar lo por medio del señor Lavalle en Santiago. ¿Quién puede creer, dada la existencia del tratado secreto que hoi conocemos ya todos, que el señor Lavalle hubiese salido de Lima como enviado estraordinario, con la misión que llevó a Chile, ignorando el hecho de haberse firmado aquel tratado? ¿Quién puede creer que el congreso peruano, en el que el señor Lavalle fué presidente de la comisión de Relaciones Esteriores, no hubiese tenido conocimiento de aquel pacto? ¿I quién puede creer que el Poder Ejecutivo, al dar instrucciones a su Ministro, no le hubiese hablado de él?
El Gobierno chileno, al ver el tratado i la conducta del Gobierno i del Ministro peruanos, estuvo, pues, en su perfecto derecho para considerar que aquello era una doble ofensa que no admitía otra reparación que la guerra, i una guerra pronta, antes que el Perú lograse el objeto que se proponía con las dilaciones. I eso hizo el Gobierno de Chile; la declaró sobre la marcha, sin vacilación, cual lo reqaeria la necesidad de arrancar a su adversario la careta de amigo con que habia querido cubrirse i encubrir sus hostiles designios. En este parte de la cuestión no podemos negar que vemos del lado de Chile la razón i la justicia.
El Gobierno i la prensa del Perú que han hablado mucho de lo inicuo de la guerra que Chile les ha declarado, alegan que por su parte no se habia resuelto todavía si la contienda entre Chile i Bolivia era uno de los casus faderis fijados en el art. 2° del tratado secreto hecho en Lima el 6 de febrero de 1873; que ademas, según el art. 8.° del mismo, las dos naciones (Perú i Bolivia) se habian obligado a emplear de preferencia los medios conciliatorios para evitar un rompimiento, o para terminar la guerra, en su caso, i que eso era lo que iba a cumplir la misión Lavalle a Chile.
Las escusas no nos parecen satisfactorias, 1.° Porque aun que el casus foederis no estuviese declarado, habia llegado evidentemente según el inciso 1.° del art. 2.° que dice: «la alianza se hará efectiva especialmente en los casos de ofensa que consistían:
1.° En actos dirijidos a privar a alguna de las altas partes contratantes de una porción de su territorio con ánimo de apropiarse su dominio.»
I eso era lo que Chile habia hecho al enviar sus fuerzas a ocupar el litoral del desierto de Atacama después de haber declarado que retrotraía los cosas al estado que tenían antes de 1866.
2.° Porque no puede suponerse que el Perú pensase en no cumplir con la obligación que ese inciso le imponía, cuando el caso ocurrido era de seguro el único que se habia tenido en mira al hacer aquel tratado i cuando solo los temores que Chile infundía a Bolivia habian podido determinar la alianza.
3.° Porque si la misión Lavalle hubiese tenido por objeto dar cumplimiento al inciso 1.° del art. 8.° (emplear de preferencia medios conciliatorios) no se habria tratado de hacer un misterio de la existencia de un pacto que autorizaba ese procedimiento, i mucho menos después de haber sido interrogado directamente el ministro peruano para que dijese si el tratado de alianza existia o no. La negativa del señor Lavalle contra la verdad de los hechos i sobre todo después de que el tratado secreto habia obtenido, desde el 22 de abril de 1873, la sanción del Congreso peruano, prueba a no dejar duda, que la misión Lavalle no iba encaminada a obtener un avenimiento, i
4.° En fin, porque mal podia pretender asumir el temperamento de mediador, quien habia contraído voluntariamente i de antemano la obligación de ser enemigo en un caso claramente previsto, i para lo cual probablemente no había pesado poco en el ánimo del Perú la comunidad de intereses.
Nosotros somos como los que mas enemigos de la apelación a las armas, así en las cuestiones domésticas como en las internacionales; desearíamos que entre las repúblicas hermanas que surjieron del común esfuerzo de la segunda década de este siglo, se estableciese como regla absoluta el arbitraje, para decir por medio de él todas las cuestiones que se suscitasen; querríamos, en fin, que la América española adoptase por común lema «nec sat rationis in armis.» Pero reconocemos que hai casos en que no queda otro recurso que apelar a las armas, que hai ofensas que no admiten por su naturaleza ni por sus efectos una solución pacífica, i en ese número contamos la irrogada por el Perú a Chile en esta ocasión.
En resumen, concretamos nuestras opiniones sobre la guerra del Pacífico a los siguientes términos: Chile, tratando de hacer valer sobre el desierto de Atacama derechos que no tenia recabó para sus nacionales, establecidos en las nuevas poblaciones de Antofagasta i Caracoles, exenciones i derechos positivos que Bolivia no estaba obligada a conceder, pero que no pudo retirar después de haberlos concedido, sin faltar a las nociones mas triviales de la moral i de las leyes internacionales. Bolivia violó las tratados celebrados con Chile en 1866 i 1874, i se hizo ademas responsable de la mala administración de las colonias chilenas establecidas en su territorio; pero esas faltas no autorizaban a Chile para buscar su reparación en la ocupación militar del territorio boliviano, sin previa declaratoria do guerra, ni menos para ir a reivindicar lo que de derecho habia dejado de ser suyo desde 1803. El Perú se hizo cómplice voluntario e instigador de Bolivia en sus faltas para con Chile, i en sus relaciones posteriores con éste se ha hecho acreedor a las mas severas censuras por su conducta temerariamente hostil i notoriamente desleal. En la guerra entre Bolivia i Chile la razón estuvo de parte del último, pero dañó su causa empleando medios indebidos para hacer valer sus derechos. En la guerra entre Chile i el Perú, damos toda la razón al primero.
Algún periódico de esta capital ha dicho que esta es una guerra en que todos tienen razón. Nosotros creemos, por el contrario, que es una guerra en que todos han cometido faltas.
El mismo periódico nos increpó el que no hubiésemos emitido juicios categóricos desde el principio i que. hubiésemos aplazado el emitirlos para cuando nos pusiera en aptitud de juzgar el conocimiento de lo que cada uno de los interesados hubiese producido en su defensa. La gravedad de la cuestión es la mejor escusa para el tiempo que hemos empleado en estudiarla. Hai en ella varios puntos que nos pueden tocar a nosotros también mañana, i naturalmente queremos que a nuestro país se le mida con la misma vara con que medimos nosotros a los demás. Por todas estas consideraciones, lo mismo que por el respeto que guardamos a nuestros lectores, i por los deberes que nos imponen las muestras de favor con que es recibida la hoja en que escribimos, no podíamos aventurarnos como otro cualquiera a dar palo de ciego al tratar de una emerjencia tan grave para la América. No queremos con esto decir que hayamos acertado a formar juicios exactos e inapelables, sino que para formar los que hemos emitido, hemos consagrado a esta cuestión el estudio i el tiempo que ha estado en nuestras manos consagrarle.
Fuente: Boletín de la Guerra del Pacifico 1879-1881, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1979, P. 286.
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